Hace poco un abogado guatemalteco compartió conmigo una experiencia amarga que,
aunque dolorosa, deja una gran lección para quienes litigan en el país.
En un juicio civil, presentó como prueba un documento proveniente de Estados Unidos:
una certificación acompañada de sus legalizaciones. Todo parecía estar en orden, pero al
momento de valorarlo, el juez señaló un detalle decisivo: la traducción no estaba
completa. El traductor había omitido una parte esencial, nada menos que la legalización
de firma del notario estadounidense.
En Guatemala, la Ley Orgánica del Organismo Judicial, establece en el artículo 11 que “el
idioma oficial de Guatemala es el español” y que todo documento en otro idioma debe
traducirse. Más aún, el artículo 64 dispone que los documentos redactados en idioma
extranjero deben ser acompañados de su correspondiente traducción al español para que
tengan valor legal en un proceso.
¿Qué ocurrió en este caso? El juez de primera instancia civil y mercantil resolvió que el
documento no era válido como medio de prueba, ya que no se había traducido en su
totalidad. Bastó esa omisión para dejar sin sustento una parte importante de la defensa. El
resultado: el abogado perdió el juicio.
Este ejemplo demuestra que, en materia judicial, una traducción errónea no es un detalle
menor: puede costar un caso. Por eso, es fundamental contar con traductores
profesionales y especializados en materia legal, capaces de garantizar no solo la fidelidad
del texto, sino también que cada parte del documento —incluyendo legalizaciones, sellos
y anotaciones marginales— sea traducida correctamente.
En Versal Traducciones sabemos que el detalle hace la diferencia. Una coma, una palabra
o una nota al pie pueden definir la validez de una prueba. Y en tribunales, como lo
aprendió nuestro colega, no hay segundas oportunidades.

Estuardo Rivera. Director Ejecutivo de Versal Traducciones.